ESCANEO FORENSE · VALLE DEL CAUCA
SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB
Buenaventura · Valle del Cauca · NIT 899999034
40
IRC / 100
BAJO
$52.423.163.045
Valor contratado
1.290
Contratos analizados
136
Con alguna alerta
0
Contratos críticos
Alerta de patrones · red flags
Posible fraccionamiento de contratosALTO
11 contrato(s)
Ley 80 de 1993, art. 24 (licitación como regla general); fraccionar para eludirla es falta gravísima (Ley 1952 de 2019).
Proveedor sin identificarALTO
23 contrato(s)
Ley 1712 de 2014 y Ley 80 de 1993, art. 41 (el contrato exige contratista determinado).
Prórrogas que duplican el plazoMEDIO
11 contrato(s)
Principio de planeación y Ley 80 de 1993, art. 40 (límites a la adición de contratos).
Contrato con valor $0BAJO
35 contrato(s)
Ley 1712 de 2014 (transparencia activa: información pública completa y veraz).
Firma en fin de semana o festivoBAJO
72 contrato(s)
Principio de transparencia (Ley 80 de 1993, art. 24).
Abuso de contratación directaBAJO
patrón de toda la entidad
Ley 1150 de 2007, art. 2 (la contratación directa es excepción con causales taxativas).
Concentración en un ordenador del gastoBAJO
patrón de toda la entidad
Ley 489 de 1998 (delegación y desconcentración de funciones).
Objeto contractual genérico/ambiguoBAJO
8 contrato(s)
Código Civil, art. 1518 (objeto determinado o determinable) y principio de planeación.
Experiencia dirigida (mercado real de 1-2 competidores)BAJO
1 contrato(s)
Ley 1150 de 2007, art. 5 (selección objetiva) y Decreto 1082 de 2015 (la experiencia exigida debe ser adecuada y proporcional al objeto, no un filtro a la medida de un proponente).
Registro forense de contratos
136 contratos señalados con su evidencia, contratista y la bandera que disparan — en el reporte.
Análisis completo
Vista previa del formato (con datos de otra entidad de ejemplo). Ver un reporte de ejemplo completo →
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Importante: el IRC marca riesgo calculado sobre datos públicos (SECOP II), no culpabilidad. Cada alerta es un punto de partida que debe ser verificado. PILLAO es una herramienta de veeduría ciudadana, derecho protegido por la Constitución colombiana.