ESCANEO FORENSE · TOLIMA
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E.
No Definido · Tolima · NIT 809003590
34
IRC / 100
BAJO
$6.815.745.379.452
Valor contratado
3.832
Contratos analizados
338
Con alguna alerta
0
Contratos críticos
Alerta de patrones · red flags
Posible fraccionamiento de contratosALTO
91 contrato(s)
Ley 80 de 1993, art. 24 (licitación como regla general); fraccionar para eludirla es falta gravísima (Ley 1952 de 2019).
Proveedor sin identificarALTO
28 contrato(s)
Ley 1712 de 2014 y Ley 80 de 1993, art. 41 (el contrato exige contratista determinado).
Captura del gasto por un solo contratistaMEDIO
patrón de toda la entidad
Selección objetiva y libre concurrencia (Ley 1150 de 2007, art. 5; Constitución Política, art. 333).
Valor exacto repetido y concentradoMEDIO
4 contrato(s)
Principio de selección objetiva (Ley 1150 de 2007, art. 5).
Prórrogas que duplican el plazoMEDIO
7 contrato(s)
Principio de planeación y Ley 80 de 1993, art. 40 (límites a la adición de contratos).
Contrato con valor $0BAJO
22 contrato(s)
Ley 1712 de 2014 (transparencia activa: información pública completa y veraz).
Firma en fin de semana o festivoBAJO
180 contrato(s)
Principio de transparencia (Ley 80 de 1993, art. 24).
Objeto contractual genérico/ambiguoBAJO
34 contrato(s)
Código Civil, art. 1518 (objeto determinado o determinable) y principio de planeación.
Experiencia dirigida (mercado real de 1-2 competidores)BAJO
4 contrato(s)
Ley 1150 de 2007, art. 5 (selección objetiva) y Decreto 1082 de 2015 (la experiencia exigida debe ser adecuada y proporcional al objeto, no un filtro a la medida de un proponente).
Registro forense de contratos
338 contratos señalados con su evidencia, contratista y la bandera que disparan — en el reporte.
Análisis completo
Vista previa del formato (con datos de otra entidad de ejemplo). Ver un reporte de ejemplo completo →
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Importante: el IRC marca riesgo calculado sobre datos públicos (SECOP II), no culpabilidad. Cada alerta es un punto de partida que debe ser verificado. PILLAO es una herramienta de veeduría ciudadana, derecho protegido por la Constitución colombiana.