ESCANEO FORENSE · CALDAS
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Manizales · Caldas · NIT 890801099
37
IRC / 100
BAJO
$508.170.002.281
Valor contratado
2.965
Contratos analizados
956
Con alguna alerta
0
Contratos críticos
Alerta de patrones · red flags
Posible fraccionamiento de contratosALTO
347 contrato(s)
Ley 80 de 1993, art. 24 (licitación como regla general); fraccionar para eludirla es falta gravísima (Ley 1952 de 2019).
Proveedor sin identificarALTO
55 contrato(s)
Ley 1712 de 2014 y Ley 80 de 1993, art. 41 (el contrato exige contratista determinado).
Valor exacto repetido y concentradoMEDIO
12 contrato(s)
Principio de selección objetiva (Ley 1150 de 2007, art. 5).
Prórrogas que duplican el plazoMEDIO
28 contrato(s)
Principio de planeación y Ley 80 de 1993, art. 40 (límites a la adición de contratos).
Contrato con valor $0BAJO
45 contrato(s)
Ley 1712 de 2014 (transparencia activa: información pública completa y veraz).
Firma en fin de semana o festivoBAJO
528 contrato(s)
Principio de transparencia (Ley 80 de 1993, art. 24).
Apellidos compartidos contratista-funcionarioBAJO
1 contrato(s)
Ley 80 de 1993, art. 8 (inhabilidades e incompatibilidades por parentesco); verificar antes de afirmar.
Concentración en un ordenador del gastoBAJO
patrón de toda la entidad
Ley 489 de 1998 (delegación y desconcentración de funciones).
Experiencia dirigida (mercado real de 1-2 competidores)BAJO
9 contrato(s)
Ley 1150 de 2007, art. 5 (selección objetiva) y Decreto 1082 de 2015 (la experiencia exigida debe ser adecuada y proporcional al objeto, no un filtro a la medida de un proponente).
Registro forense de contratos
956 contratos señalados con su evidencia, contratista y la bandera que disparan — en el reporte.
Análisis completo
Vista previa del formato (con datos de otra entidad de ejemplo). Ver un reporte de ejemplo completo →
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Importante: el IRC marca riesgo calculado sobre datos públicos (SECOP II), no culpabilidad. Cada alerta es un punto de partida que debe ser verificado. PILLAO es una herramienta de veeduría ciudadana, derecho protegido por la Constitución colombiana.