ESCANEO FORENSE · ANTIOQUIA
FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
Medellín · Antioquia · NIT 900158929
21
IRC / 100
BAJO
$112.279.803.604
Valor contratado
812
Contratos analizados
44
Con alguna alerta
0
Contratos críticos
Alerta de patrones · red flags
Proveedor sin identificarALTO
28 contrato(s)
Ley 1712 de 2014 y Ley 80 de 1993, art. 41 (el contrato exige contratista determinado).
Prórrogas que duplican el plazoMEDIO
2 contrato(s)
Principio de planeación y Ley 80 de 1993, art. 40 (límites a la adición de contratos).
Contrato con valor $0BAJO
23 contrato(s)
Ley 1712 de 2014 (transparencia activa: información pública completa y veraz).
Firma en fin de semana o festivoBAJO
2 contrato(s)
Principio de transparencia (Ley 80 de 1993, art. 24).
Abuso de contratación directaBAJO
patrón de toda la entidad
Ley 1150 de 2007, art. 2 (la contratación directa es excepción con causales taxativas).
Objeto contractual genérico/ambiguoBAJO
9 contrato(s)
Código Civil, art. 1518 (objeto determinado o determinable) y principio de planeación.
Registro forense de contratos
44 contratos señalados con su evidencia, contratista y la bandera que disparan — en el reporte.
Análisis completo
Vista previa del formato (con datos de otra entidad de ejemplo). Ver un reporte de ejemplo completo →
👀
El Chismógrafo
Gratis · para compartir
- El semáforo de riesgo en una tarjeta
- La cifra traducida a almuerzos escolares
- Lista para compartir por WhatsApp
🔒
Básico · El Vigía
$28.900 COP · pago único
- Estadísticas, anomalías y score de riesgo
- Banderas con su norma + sociograma de la red
- PDF con marca de agua verificable
★ Más vendido
🔒Premium · forense completo
$148.900 COP · pago único
- Lectura IA de pliegos: citas de los amarres (El Escáner)
- Empresas espejo, antecedentes y aportes a campañas (El Estratega)
- Ruta de denuncia + DRM forense (PDF rastreable)
Importante: el IRC marca riesgo calculado sobre datos públicos (SECOP II), no culpabilidad. Cada alerta es un punto de partida que debe ser verificado. PILLAO es una herramienta de veeduría ciudadana, derecho protegido por la Constitución colombiana.