ESCANEO FORENSE · HUILA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
Neiva · Huila · NIT 901362454
29
IRC / 100
BAJO
$70.444.934.054
Valor contratado
2.126
Contratos analizados
488
Con alguna alerta
0
Contratos críticos
Alerta de patrones · red flags
Posible fraccionamiento de contratosALTO
4 contrato(s)
Ley 80 de 1993, art. 24 (licitación como regla general); fraccionar para eludirla es falta gravísima (Ley 1952 de 2019).
Proveedor sin identificarALTO
151 contrato(s)
Ley 1712 de 2014 y Ley 80 de 1993, art. 41 (el contrato exige contratista determinado).
Urgencia manifiesta invocadaMEDIO
6 contrato(s)
Ley 80 de 1993, arts. 42-43 (exige acto motivado y control fiscal posterior inmediato).
Ejecución iniciada antes de la firmaMEDIO
30 contrato(s)
Ley 80 de 1993, art. 41 (perfeccionamiento) y prohibición de hechos cumplidos (Estatuto Orgánico del Presupuesto).
Prórrogas que duplican el plazoMEDIO
99 contrato(s)
Principio de planeación y Ley 80 de 1993, art. 40 (límites a la adición de contratos).
Contrato con valor $0BAJO
150 contrato(s)
Ley 1712 de 2014 (transparencia activa: información pública completa y veraz).
Firma en fin de semana o festivoBAJO
205 contrato(s)
Principio de transparencia (Ley 80 de 1993, art. 24).
Abuso de contratación directaBAJO
patrón de toda la entidad
Ley 1150 de 2007, art. 2 (la contratación directa es excepción con causales taxativas).
Experiencia dirigida (mercado real de 1-2 competidores)BAJO
2 contrato(s)
Ley 1150 de 2007, art. 5 (selección objetiva) y Decreto 1082 de 2015 (la experiencia exigida debe ser adecuada y proporcional al objeto, no un filtro a la medida de un proponente).
Registro forense de contratos
488 contratos señalados con su evidencia, contratista y la bandera que disparan — en el reporte.
Análisis completo
Vista previa del formato (con datos de otra entidad de ejemplo). Ver un reporte de ejemplo completo →
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Importante: el IRC marca riesgo calculado sobre datos públicos (SECOP II), no culpabilidad. Cada alerta es un punto de partida que debe ser verificado. PILLAO es una herramienta de veeduría ciudadana, derecho protegido por la Constitución colombiana.